CRIMEN O CASTIGO. EL GOBIERNO CUBANO PONE MENOS TOLERANCIA A LA LEY DE PELIGROSIDAD SOCIAL.
(2-9-11-5:25PM)
Por: Alejandro Cabrera Cruz - Periodista Independiente
Camagüeypress. 8 FEB 2011. Ante los desafíos del gobierno cubano de coartar las libertades políticas, sociales, económicas y de expresión dentro de un marco de leyes que no garanticen las libertades individuales que rigen toda sociedad libre y democrática. Desde una perspectiva jurídica, es un crimen, que actúa en una relación bastante marcada debido a la fuerte influencia en el contexto de un gobierno totalitario.
Sin embargo, lo que constituye un hecho relativamente reciente es la visibilidad social, en cuanto a la ley de peligrosidad social, que sólo traiga diversos problemas a las familias ¿El qué cómo y, él quién sustentara a mis hijos? está conectado con los miles de desempleados que pudieran ir a la cárcel sin haber cometido delitos. Es la misma pregunta que muchos ciudadanos se hacen, si les aplican la injusta ley de peligrosidad.
Las organizaciones dentro Cuba, ante los desafíos del compromiso de la dinámica del mundo actual, debe comenzar a comprometer intelectuales de relevancia y solicitar la derogación de esta ley, demandando o bregando por el respeto de los derechos Humanos o civiles frente al gobierno de la Habana, denunciando malas prácticas en la jurisprudencia o discriminación laboral. Estas demandas pueden llegar a la justicia o no, pero en general son canalizadas a través de los medios de comunicación, los que juegan un rol de gran importancia para el universo de las ONG, dándole visibilidad en el espacio público.
En nuestro caso, el periodismo, trataremos de hacerlo ayudando a que la opinión pública y los gobiernos democráticos jueguen un rol muy proactivo ante el gobierno cubano para determinar la invalidación de esta ley.
Suponiendo que el delito de peligrosidad social, fuese una actividad como cualquier otra, respondería también: a costos y beneficios. Así, el delito tiene una tasa de reincidencia que depende de cuánto se obtiene por cada delito multiplicado por pena. Este enfoque ayuda a tomar decisiones. Por ejemplo: se estima que el gobierno cubano va a dejar sin empleo a un millón de trabajadores, la tasa de reincidencia aumentaría en delitos de robo, a menos que las penas aumenten, o sea, si la política de “tolerancia es cero” es decir cuando el castigo aumente y no perdone bajo ningún concepto. Deberá de disminuir la tasa de reincidencia y por tanto, los ciudadanos del delito no lo encontraran rentable.
Según, algunas fuentes revelan que las antiguas escuelas al campo, serán utilizadas como campos de concentración para las labores agrícolas.
En la sociedad cubana se ve crecer la delincuencia debido a situaciones económicas generadas por el gobierno.
¿Tiene sentido la injusta ley arbitraria de Peligrosidad Social?
La decisión de una persona de cometer delitos o actividades ilegales está motivada por ganancias y costos. Pero también importa tener en cuenta el salario alternativo que percibe el trabajador cubano. Es prioritario mirar los incentivos que afectan al trabajador. Además, resulta relevante que la justicia actué eficientemente. Que no se condene a inocentes.
Tanto es así, que parece en verdad muy chocante hablar del sistema de leyes cubano. Este enfoque sostiene que, en promedio, los pobres son menos pobres con libertad de elegir.
El trabajo, donde el gobierno quiere que participen los desvinculados laborales, no sólo es común en las áreas agrícolas sino también, en zonas de construcción sin atención al hombre. Estas son formas de esclavitud, un modelo donde el trabajador pasa a ser, bienes de capital, y por tanto, las condiciones de vida miserables, pues le llevarían a cometer delitos.
Si se observa, en cambio, lo que sucede en un momento preciso y no a lo largo del tiempo, obtenemos una perspectiva diferente. Esto supone que el trabajador elige algo, sujeto a restricciones del ingreso por una economía centralizada.
Ahora, el gobierno asfixiado con una economía moribunda, da paso a la libre empresa con la liberación de patentes bajo el precepto de oferta y demanda.
Como había dicho en publicaciones anteriores, la liberación de patentes es una cara de la moneda.
La demanda depende de condiciones subjetivas, como son la utilidad, los gustos, las expectativas, etc. La oferta depende de condiciones objetivas: la tecnología, la cantidad y la calidad de los factores de producción.
Sin embargo, el gobierno agravando con impuestos los negocios particulares y los productos de primera necesidad, por consiguiente, como era de esperar, muchos ciudadanos han entregado las patentes.
Este argumento agrava los bienes en los trabajadores que viven estrictamente de su salario. En ese caso la mayoría de población consume escasamente los bienes, en menor cantidad y calidad a medida que el ingreso disminuye. Por lo tanto, agravar las patentes sin atención a las preferencias de la gente. Es una forma de agresión a la libre elección individual.
Debemos, no obstante, asegurar que pronto resolveremos este problema con el apoyo de la comunidad Nacional e Internacional.
Camagüey 6 de febreo, 2011-02-08
