LA ALCALDADA DE UN CONDADO HIPERBÓLICO

(9-18-10-4:00PM)

Por Lázaro González Valdés, ex prisionero de conciencia

En el condado estadounidense Miami Dade, con un estimado de dos millones 500 mil 625 habitantes según el Buró del Censo de EE.UU., los gobernantes necesitan un presupuesto de siete mil 300 millones de dólares para cubrir los servicios básicos de la población, mantener a la burocracia y cumplir con el resto de las obligaciones correspondientes al año fiscal 2010-2011.

La cifra de siete mil 300 millones de dólares es superior al ingreso de un centenar de países entre los cuales se encuentran Líbano (7,000), Puerto Rico (6,700), Panamá (6,090) y Costa Rica (4,604) como se confirma en el sitio de Internet http://en.wikipedia.org/wiki/Government_budget_by_country.  

Sin embargo el alcalde Carlos Álvarez y su equipo proyectan alcanzar esa suma de dinero incrementando los impuestos, las multas, los trámites legales y reduciendo servicios básicos pero paradójicamente incrementarán salarios a la mayor parte de los empleados del gobierno que también recibirán bonificaciones en efectivo y otras prebendas.

“Cualquier persona ajusta un presupuesto a costa de subirle los impuestos a la población y de recortarle servicios. No se necesita ninguna instrucción ni habilidades especiales para ello”  -se quejó un retirado cuya pensión no le cubre los gastos por lo que depende de los sellos de alimentos para comer.

De acuerdo a reportes oficiosos el condado Miami Dade tiene 30 mil trabajadores fijos y contrata otros según los necesita como, por ejemplo, el asesor a quien se le pagó 800 mil dólares para estudiar “la posibilidad de imponer un cargo fijo por servicios de bomberos el próximo año fiscal” –revelación publicada en El Nuevo Herald del 15 de septiembre.

Pagarle cuatro quintas partes de un millón de dólares a un asesor del condado, en contexto donde pongamos por caso: a trabajadores del sector privado como los agentes de bienes raíces (real estate brokers) se les limitan sus ganancias al seis por ciento del valor de la venta del inmueble, es inmoral, por lo tanto ilegítimo pues ética y legalidad no pueden separarse para favorecer interés alguno.
Llama la atención que para esos trabajadores privados se han dispuesto severas leyes estatales en tanto que funcionarios negligentes, incapaces y corruptos parecen estar fuera del alcance de la justicia en país donde se dice impera la ley.

Por ejemplo, cualquier agente de bienes raíces que deposite el cheque recibido como garantía de una transacción fuera del tiempo establecido para ello podría ser castigado con cinco mil dólares de multa. Otro caso a considerar es cuando un realtor no le proporciona a un comprador toda la información relativa a defectos materiales existentes en un inmueble, acto que le podría costar al agente la revocación de su licencia, lo cual equivale a desempleo instantáneo. Sin embargo funcionarios electos incumplen lo que prometen durante las elecciones o realizan mal su trabajo y la legislación estatal no prevé disposiciones ni procedimientos efectivos como los que existen para los agentes de bienes raíces y otros trabajadores del sector privado.

Por lo tanto estamos en presencia de una realidad contradictoria donde hay leyes severas para unos, pero apenas existen normas para quienes durante las elecciones recalcan su condición de servidores públicos. Quizá por este defecto del ordenamiento estatal algunos residentes del condado Miami Dade quisieran y piden por los medios a su alcance la intervención del gobierno federal.

Otro aspecto a tener en cuenta es el argumento con que los funcionarios intentan justificar el mal uso del dinero público en época de crisis económica. Se trata del manido: Tenemos un contrato con la policía, o con los bomberos, o con los maestros... por tanto se debe cumplir lo acordado y aumentarles el salario, o cambiarles los autos, o concederles bonificaciones...  pero nuestros líderes condales olvidan la simple lógica de que en cualquier asunto humano hay prioridades, y la prioridad en el estado, en los condados o ciudades, es el pueblo con quien esos funcionarios suscribieron tácitamente otro contrato más importante: el contrato social. Sin éste no habría cargos públicos, ni estado, ni jurisdicciones, ni policía, ni bomberos, ni maestros públicos... porque a quién le cobrarían impuestos, multas, trámites legales y otros gravámenes si se rompe el contrato con la sociedad?

No faltan aquellos que recurren a la argucia diciendo: “La única manera de balancear el presupuesto es aumentando impuestos, o cortando servicios sociales, o una mezcla de esas medidas”. Pero yo les digo a esas personas que su propuesta no es aceptable cuando cientos de miles han perdido sus viviendas, sus empleos, sus bienes muebles, sus seguros médicos..., y a continuación les ofrezco otra solución, justa, ética, adecuada a la crisis vigente:

Primero, reducir temporalmente el pago a los empleados de Miami Dade en un 25 por ciento, excepto cuando el resultado de esa reducción conlleve una cifra menor al ingreso percápita nacional de 21,587 dólares según el Buró del Censo de EE.UU. Esta medida quedaría sin efecto con el fin de la crisis económica, y los trabajadores del condado no tendrían derecho a recibir con carácter retroactivo la diferencia de lo que dejaron de ganar.

Segundo, suspensión en los mismos términos anteriores de toda bonificación y aumento salarial mientras no cese el problema económico.  

Por último, mientras dure esta crisis se podrán sustituir únicamente aquellos medios de transporte, equipos, muebles y demás pertenencias en inventario del condado los cuales no sean reparables o que su reparación implique un costo elevado o no tenga garantías.

Estas medidas podrían ahorrar más de mil millones de dólares y el acatamiento de las mismas por parte de los empleados del condado demostraría con hechos que son verdaderos servidores públicos y están junto al pueblo -su auténtico contratista- no solo en los buenos tiempos, sino también en los malos.