Ordenan cárcel a reos de Albanisa
Según explicó el judicial, la medida se aplicó bajo el principio de proporcionalidad: si los acusan de haberse apropiado indebidamente de 1.4 millones de córdobas no pueden salir bajo libertad condicional con una fianza de 5 mil córdobas.
La Fiscalía de la República, por medio de la Unidad de Lucha contra la Corrupción y el Crimen Organizado del Ministerio Público, acusó a los ex funcionarios de Albanisa Leyla Josefa González Cordero, María Lisette Gutiérrez Silva y Henry Ricardo Rodríguez Largaespada, el 22 de noviembre.
La víctima del caso, según se abrió el expediente judicial, es la polémica sociedad ALBA de Nicaragua, S.A., Albanisa, a la que según las investigaciones del Ministerio Público, los acusados le causaron un daño patrimonial de un millón 411 mil 700 córdobas.
El delito por el que se les acusa es hurto agravado y uso de falsos documentos en el caso de Leyla González, mientras que Gutiérrez y Rodríguez son señalados de cómplices.
En un primer momento la jueza Sexto Distrito Penal de Audiencia, Gertrudis Arias, dejó en libertad condicionada a los acusados, con presentación periódica, custodia, retención migratoria y multa de 2 mil córdobas.
Ante tal ponencia de las partes, la judicial Arias admitió el escrito de intercambio, mandó a juicio a los dos imputados y les concedió enfrentar el juicio en libertad.
Sin embargo, una vez que la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos de los Juzgados de Managua realizó el sorteo, y el caso cayó en el despacho del doctor Rothschuh, éste procedió a programar el juicio para el 26 de febrero y esta semana notificó la revocación de la libertad condicional.
De acuerdo con las fuentes, hay una orientación directa al Poder Judicial de aplicar todo el peso de la ley a los implicados para sentar un precedente en las empresas de Albanisa, ya que las denuncias del caso salieron justo cuando el gobierno del presidente Daniel Ortega lanzaba una campaña publicitaria en la que califican al ALBA y sus negocios como “solidaria, cristiana y socialista”.
“Efectivamente, esa persona, la principal acusada de los delitos, es la que no llegó y la información que se maneja es que huyó a España aprovechando la libertad condicional de la juez”, dijeron las fuentes.
Producto de ese escándalo, auditores de Pdvsa, socios mayoritarios de Albanisa vinieron al país a auditar las cuentas de su aliado comercial.
Se filtró que el presidente Ortega habría llamado fuertemente la atención al gerente de Petronic y vicepresidente de Albanisa, Francisco López (en la foto), por el “descuido” en el manejo de las cuentas de la sociedad comercial.La presión del escándalo, la intervención de auditores extranjeros en el caso, el juicio y las presiones propias del cargo, más la “regañada” presidencial, habrían provocado problemas de salud en López y su gerente general, Rodolfo Zapata, quienes fueron asistidos médicamente por problemas cardíacos. Zapata confirmó formalmente su renuncia al cargo y de López se informó de manera extraoficial que fue removido del cargo de Petronic y de Albanisa.
Fue a través de ese acuerdo que Albanisa se comprometió a pagar los viáticos, combustible y la entrega de incentivos a los técnicos del Ineter, y partir de la fecha se empezaron a emitir los cheques por servicios prestados por Aldo Avilés Zepeda, que era el empleado del Ineter que retiraba esos documentos del área contable. En esa dependencia trabajaban los acusados; González como contadora general, Gutiérrez de analista contable, y Rodríguez, bajo esa misma modalidad.
El 19 de octubre de 2009, Leyla González, de acuerdo a la acusación de la Fiscalía, ordenó al área de Contabilidad que elaboraran un cheque por 256 mil 700 córdobas, para lo que usó como soporte falso el pago de incentivos y gastos de personal.
González se presentó a la caja y le encargó a María Lisette Gutiérrez conseguir las firmas libradoras, es decir, la de Francisco López, el vicepresidente de la sociedad, y la de Rafael Paniagua, el Gerente General y representante directo de Venezuela.














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